Boletín de Prensa 22

El Consejo de Comunicación y la Defensoría del Pueblo establecen acuerdos en defensa de la protección de los periodistas

El Consejo de Comunicación y la Defensoría del Pueblo suscribieron un convenio para establecer mecanismos de coordinación con el propósito de promover la protección a los periodistas y personas trabajadoras de la comunicación.

“El Estado ecuatoriano tiene una gran deuda con el periodismo en el país, toda vez que no se ha creado un sistema de protección para prevenir vulneraciones al derecho humano de la comunicación y que las instituciones públicas involucradas trabajen para garantizar la actividad periodística”, expresó Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación.

Por su parte, la directora nacional del Mecanismo de Protección de los Derechos de las Personas Trabajadoras y Jubiladas de la Defensoría del Pueblo, Mery Tadeo, señaló que “el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos de las personas trabajadoras y que las y los periodistas desarrollen sus actividades de forma adecuada y garantizando una comunicación de calidad”.

El convenio, celebrado el 10 de agosto pasado, tiene una vigencia de dos años. Así el Consejo de Comunicación se comprometió a coordinar la elaboración e implementación de protocolos, proyectos y programas orientados a la protección de los periodistas, brindar asistencia técnica a los medios de comunicación, entidades sobre este tema, así como coordinar investigaciones y estudios técnicos sobre la seguridad de los trabajadores de la comunicación, entre otras iniciativas.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se comprometió a tutelar los derechos de los periodistas, participar en las investigaciones defensoriales, dar seguimiento e informar a la Fiscalía para el esclarecimiento de los delitos cometidos en contra de los trabajadores de la comunicación, así como el seguimiento a medias de reparación integral dictadas por los organismos jurisdiccionales, entre otros.

Zaida Rovira Jurado, Defensora del Pueblo subrogante, afirmó que es indispensable que las instituciones públicas coordinen acciones con el fin de garantizar los derechos de las personas que laboran en el sector de la comunicación, así como de su integridad personal.

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