En este informe se presentan las acciones afirmativas y las medidas de política pública adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios en el año 2022, conforme lo determina el artículo 86 de la Ley Orgánica de Comunicación. Para ello, a continuación, se da una revisión general del marco normativo aplicable, por un lado, y, por otro, se detalla la información remitida por las instituciones públicas a las que se solicitó dicha información. Al final, se detallan las conclusiones y recomendaciones respectivas.
Previamente, se deben tener en cuenta algunos aspectos que es necesario explicar. En noviembre del año 2022, la Ley Orgánica de Comunicación fue objeto de una reforma fundamental, por la que se incorporaron varias disposiciones legales y se reformaron otras. Entre las reformas en cuestión consta la realizada al artículo 86 de la Ley Orgánica de Comunicación, por la que se agregaron dos políticas públicas a las ya existentes en la normativa, así como la modificación del porcentaje para puntuaciones en concursos de frecuencias. La reforma también implicó la modificación de los porcentajes de inversión pública en publicidad y propaganda, entre otras.
Esta aclaración es necesaria porque la información enviada por instituciones públicas en el año 2022 debe tomar en cuenta las reglas existentes en aquel momento, es decir, antes de la reforma de noviembre de aquel año. Es por ello que la normativa a la que se hará referencia en el siguiente apartado se refiere a aquella que estuvo efectivamente vigente en dicho año y que se refiere a los 9 numerales que constaban en el artículo 86 de la Ley Orgánica de Comunicación hasta antes de la reforma de noviembre de 2022.
Finalmente, hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta para una lectura integral de este informe. Por un lado, que la Ley Orgánica de Comunicación vigente hasta antes de la reforma de noviembre de 2022 no contó con un reglamento general, y otra normativa específica, que permita implementar varias de las disposiciones legales referidas. Por otro lado, los mandatos en cuestión, si bien se refieren a cuestiones específicas, hay otras que se refieren a cuestiones que requieren mayor definición legal, y requieren ser precisados por las autoridades competentes.
