La Metodología de Evaluación de Contenidos Presuntamente Violentos establece los criterios, enfoques y procedimientos para analizar contenidos comunicacionales que podrían configurar expresiones de violencia o generar una posible vulneración de derechos.
El documento incorpora un enfoque basado en derechos humanos y contempla perspectivas de género, intergeneracionalidad, interculturalidad e interseccionalidad. Su actualización responde a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación y a la entrada en vigencia del nuevo estatuto del Consejo de Comunicación en 2026.
La metodología establece lineamientos para la elaboración de informes técnicos y propone una estrategia de análisis que combina elementos jurídicos, académicos, metodológicos y empíricos. El análisis busca determinar, entre otros aspectos, si un contenido puede considerarse violento, si existe incitación directa o estímulo al uso ilegítimo de la violencia, apología de la guerra o del odio, explotación o abuso sexual, trata de personas, así como posibles contenidos que motiven la violencia de género.
El procedimiento contempla el trabajo interdisciplinario de analistas y especialistas, mesas técnicas, revisión de los contenidos, aplicación de herramientas metodológicas, solicitud de criterios normativos y, cuando sea necesario, consultas o entrevistas a especialistas. La metodología reconoce que cada caso puede requerir herramientas diferentes, por lo que plantea un proceso flexible de análisis.
El análisis considera además las diferentes formas en que se construyen los significados dentro de los contenidos comunicacionales. Desde una perspectiva multimodal, se pueden examinar elementos como imágenes, escritura, sonidos, gestos, colores y otras formas de representación, junto con las estrategias discursivas utilizadas para construir sentidos.
Finalmente, el documento establece el procedimiento para la revisión, aprobación y entrega de los informes técnicos. Una vez aprobado el informe, se contemplan dos posibilidades: cuando se determina una vulneración de derechos, el caso se pone en conocimiento de la Defensoría del Pueblo; cuando no se identifica una vulneración, se dispone su archivo.
En conjunto, esta metodología constituye una herramienta técnica e interdisciplinaria para fortalecer la evaluación de contenidos presuntamente violentos, mediante un análisis contextualizado que busca garantizar la protección de derechos y una valoración integral de las distintas dimensiones presentes en los contenidos comunicacionales.
| Artículo o Ponencia | Autor | Palabras Clave |
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